En República Dominicana el proyectado déficit fiscal para el 2012, que según proyecciones ascienderá a unos 187 mil millones de pesos, no es un problema que ha resultado de una mala política de gasto del gobierno central en los últimos años. Es más bien un problema de suma y resta acumulado desde hace muchos años.
La presión fiscal de sólo 13% del PIB es un récord negativo en casi todo el mundo que no permite al estado cumplir con las exigencias de los ciudadanos en materia de progreso social y desarrollo.
La presión fiscal en República Dominicana debió haber estado entre el 16 y el 20 % del PIB desde hace años y desde hace mucho se ha estado esperando el momento de realizar una reforma fiscal integral que permita nivelar esta ecuación negativa.
El problema de la recapitalización del Banco Central ha causado un impacto negativo acumulado de más de 40 mil millones en los últimos 8 años. Así mismo impacta el subsidio al sector eléctrico que promedia unos 700 millones de dólares anuales.
El problema de la acumulación de factores negativos se agravará el próximo año si el gobierno cumple con su promesa de invertir el 4% del PIB en la educación. Este 4% del PIB representaría cerca de un 30% de las recaudaciones fiscales que resultarían si no se logran ingresos fiscales adicionales.
El Presidente Medina ha encontrado el momento adecuado al principio de su gobierno para dar el primer paso y con esta reforma fiscal comenzar a solucionar el problema de la falta de incremento de los ingresos del estado hasta alcanzar un nivel razonable de ingresos fiscales de entre el 16 y el 20% del PIB como son las recomendaciones de los organismos internacionales.
Esta reforma que recién aprobó el Parlamento Dominicano y que entrará en efecto en diciembre no es la reforma fiscal que cambiará la situación del deficit estructural del presupuesto nacional. Con factores negativos que acumulan más del 3% del PIB en gastos anuales por concepto de subsidios al sector eléctrico, de recapitalización del Banco Central y factores positivos que acumulan gastos adicionales de un 5% del PIB en Educación, aumento subsidiado de la cobertura de la seguridad social etc., no es factible que, aunque se aumenten las recaudaciones fiscales en 46 mil millones de pesos, se pueda rebajar el deficit estructural del presupuesto.
Tiene que haber un cambio de paradigma en la forma de ver y fundamentar nuestra política fiscal y los planes de inversión en desarrollo social a mediano plazo dándole prioridad a los mismos porque son la garantía de crecimiento económico en un clima de paz social..
Tenemos que indentificar por adelantado de dónde el estado adquirirá los recursos para inversión social que son imprescindibles. Debemos crear conciencia en la población de que un aumento del gasto público para la inversión social se traducirá en bienestar común y prosperidad.
